Editorial

Disyuntiva y paradoja

Las diferencias de ERC y JxCat pueden interpretarse como fundamentales o de procedimiento, pero llevan a optar entre las necesidades a enfrentar por el Govern y los principios sobre los que se configuró este

Miércoles, 10 de Octubre de 2018 - Actualizado a las 06:04h.

Las diferencias entre formaciones soberanistas catalanas, patentes ayer en la Mesa del Parlament con el voto enfrentado entre los representantes de JxCat y ERC sobre la delegación o sustitución de los votos de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, suspendidos por el magistrado del TS, Pablo Llarena -Oriol Junqueras y Raül Romeva sí han designado sustituto-, puede interpretarse como una divergencia fundamental que altera y complica sobremanera al Govern o como una discrepancia de procedimiento. Es esto último lo que vino a decir Elsa Artadi, portavoz del Ejecutivo que preside Quim Torra, cuando adelantó que esa discrepancia no impide el trabajo conjunto de ERC y JxCat en el Govern y consideró la misma consecuencia de las “injerencias de Llarena para interferir en el funcionamiento del Parlament de Catalunya”. Artadi, en todo caso, no puede obviar que incluso en el seno de JxCat la posición no es monolítica y muchas voces desde el PDeCat expresan algo más que dudas sobre la conveniencia de condicionar la mayoría soberanista en el Parlament a la defensa de los derechos de los parlamentarios suspendidos. Y mucho menos es despreciable la dificultad de que el Govern saque adelante sus propuestas con el apoyo únicamente de 61 votos de los 70 con que se configuró la mayoría soberanista en la Cámara tras el paso de los cuatro diputados de la CUP a la oposición, la asunción por Puigdemont, Sànchez, Turull y Rull de la consecuencia inmediata, es decir, que no se cuenten sus votos, y sin solución aún al recurso planteado en su día sobre el voto delegado de Toni Comin. Y esto, aunque la denuncia de la alteración de mayorías a la que abocan las decisiones del juez Llarena se considere legítima y el resistirse a injerencias judiciales en el resultado de la voluntad popular emanada de las elecciones sea políticamente razonada, sitúa a Catalunya ante una disyuntiva no precisamente desconocida entre las necesidades prácticas a las que debe hacer frente el Govern y los principios democráticamente impecables sobre los que se configuró este. Con la paradoja de que la incapacidad para dar respuesta a las primeras acabaría por dirigir forzosamente a unas nuevas elecciones pero también podría condicionar el respaldo social a esos principios que configuran el fundamento del soberanismo.