Llarena suspende a seis diputados y pone en peligro la mayoría soberanista

La medida del juez, que cierra la causa del ‘procés’, les impide votar y obliga al Parlament a correr la lista temporalmente

Igor Santamaría - Miércoles, 11 de Julio de 2018 - Actualizado a las 06:04h.

MADRID/BARCELONA - O los políticos soberanistas suspendidos ayer de funciones por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, son relevados por otros, o el independentismo podría perder su mayoría absoluta en el Parlament. Es el brete en que el magistrado ha situado al secesionismo, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, después de que ayer cerrara la investigación sobre el procés declarando la rebeldía de los procesados exiliados y dejando sin funciones a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y los otros cuatro diputados procesados por rebelión y que están encarcelados -Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez-. En el auto que explica la suspensión de los diputados, Llarena coloca a la Cámara catalana en la tesitura de sustituirlos temporalmente por otros de sus respectivas formaciones (JxCat y ERC), lo que no alcanza a Toni Comín al aceptar su intención de recurrir en reforma el auto de procesamiento ante su queja de que no estaba personado en la causa. La medida tampoco afecta a Meritxell Serret, actual delegada del Govern ante la Unión Europea, al no se procesada por rebelión. El lío puede ser mayúsculo, ya que el artículo 25 del Reglamento del Parlament prevé que la institución ratifique por mayoría absoluta la suspensión de los derechos y deberes de los diputados si no se reclama por una sentencia firme.

Al ser una suspensión cautelar, los diputados mantendrán el acta, salvo que ellos renuncien o definitivamente sean condenados. Ello implica que no tendrían que correr la lista con la que acudieron a las elecciones del 21-D. Sin embargo, Llarena, sabedor de la exigua mayoría soberanista y lo que significaría perder los seis votos de los diputados, posibilita al Parlament que puedan ser suplidos de forma temporal por nuevos compañeros. Este posicionamiento llevó al Govern a denunciar el interés de “seguir alterando las mayorías parlamentarias que surgieron de las urnas el 21-D”. Así se expresó la consellera de Presidència y portavoz del Ejecutivo catalán, Elsa Artadi, quien subrayó que “es un tema que compete al Parlament”. “Pero hay un intento en seguir alterando las mayorías parlamentarias que surgieron de los comicios. Veremos qué pasa”, zanjó tras la reunión del Consell Executiu. Por su parte, Puigdemont cuestionó en su cuenta de Twitter “la calidad democrática del Estado” aseverando que el voto de los ciudadanos está siendo “quebrantado por una justicia que continúa haciendo política”. “Será largo, pero ganaremos. La república tiene que hacer prevalecer los derechos fundamentales que la monarquía del 155 pisotea”, añadió el expresident en el exilio. JxCat prevé llevar a la Mesa del Parlament y a la Junta de Portavoces esta decisión para incluirla en el orden del día de un pleno y poder votarla, y como ERC la ve “impropia de una democracia”, además de “cruel e inadmisible”. La CUP metió presión reseñando que tanto la Mesa como el pleno de la Cámara deben preservar “los derechos de los cargos electos represaliados por motivos políticos y por querer ejercer un derecho fundamental como es el de autodeterminación”.

Llarena expone que la suspensión provisional del escaño “no puede imponer que los grupos parlamentarios en los que se integran los procesados hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el periodo de la suspensión de los cargos, como tampoco resulta coherente que una suspensión provisional imponga, como única manera de mantener la mayoría parlamentaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho de representar a sus electores”. Y puntualiza que, pese a la obligatoriedad de su suspensión, prevista para impedir que “personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante comportamientos delictivos”, como la rebelión, “puedan continuar en el desempeño de la función pública”, “no existe impedimento procesal para que los cargos y funciones” que les corresponden “puedan ser ejercidos de manera plena, pero tamporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas”, si así lo estima el Parlament.

Esta decisión se produce después de que el presidente Sánchez y el president Torra escenificaran el deshielo en sus relaciones. Los tribunales han sacudido ahora el escenario de calma política que se abría en el Estado. El juez rechazó las pruebas de las defensas y Vox al verlas innecesarias o reiterativas, y da por finalizada la instrucción de la causa, lo que significa que cualquier petición que los procesados deseen plantear para tratar de lograr que se realicen nuevas pruebas o contra la suspensión cautelar deberá ser planteada ante la Sala de Apelación del Supremo, que hasta ahora certificó todas las resoluciones del juez. La conclusión de la instrucción no afecta a los exiliados Puigdemont, Comín, Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel, ya que les ha declarado en rebeldía, en una pieza separada, que queda paralizada hasta que estén a disposición de la justicia española.

otras decisiones Además, el magistrado negó la última petición de libertad del exconseller de Interior Joaquim Forn y lo fundamenta en el riesgo de fuga y de reiteración delictiva. En la causa por rebelión rechazó incluir a la diputada y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, y el de Premià, Miquel Buch, investigados por el TSJC por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.