intercambio de datos entre administraciones

Lanbide incrementa la revisión y control de expedientes de la RGI

Artolazabal informa de la suspensión de la ayuda a 240 paquistaníes por aportar un documento falso

B. Sotillo - Martes, 13 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

vitoria - La Consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, insistió ayer en que “las rentas de inserción llegan a quienes de verdad las necesitan gracias a una correcta y detallada gestión” que incluye numerosos controles e intercambio de datos entre administraciones. De hecho, en los últimos años Lanbide ha incrementado notablemente el número de revisiones de requisitos y documentación de los perceptores de ayudas, pasando de 33.167 revisiones de expedientes de RGI en 2012 a 132.106 en 2017. Además, “casi el 30% de esas comprobaciones se realizaron de oficio, como consecuencia de los procesos de control y seguimiento”.

Beatriz Artolazabal, que ayer compareció en la comisión de Empleo, Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco, informó de que se había suspendido el pago de la RGI a 240 beneficiarios paquistaníes que presentaron un documento de bienes de su país que “es falso”. Detalló que después de que la Policía Nacional desarticulara en Gipuzkoa un grupo de paquistaníes que facilitó que decenas de compatriotas defraudaran en ayudas sociales casi 3,8 millones a Lanbide y a la Diputación foral, se procedió al análisis de 626 expedientes y la suspensión de 240 que contenían un documento falso.

La consejera destacó las labores de control que realiza Lanbide, pero también apuntó que hay actuaciones, como la acreditación de la falsedad de la documentación requerida, que no son competencia del Servicio Vasco de Empleo. En este sentido, Beatriz Artolazabal precisó que habrá que esperar a la sentencia judicial que declare falsos los documentos para poder reclamar el dinero supuestamente defraudado.

Cumplir requisitos La consejera recordó que la gestión de la RGI “garantiza el cumplimiento de la normativa vigente por parte de 59.206 titulares y 106.269 perceptores, a los que protege a fecha de 28 de febrero”. Y que “la concesión de la RGI está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos determinados por la normativa y, en caso de concesión, unas obligaciones estipuladas por Ley”. Añadió que es tarea “imprescindible de Lanbide verificar el continuo cumplimiento de requisitos y obligaciones de sus beneficiarios” y para ello cuenta con una sistemática de control y seguimiento basada, principalmente, en el intercambio de información con otras entidades a través de servicios de interoperabilidad y “la interlocución y colaboración con diferentes agentes”.

Artolazabal señaló que además de incrementar la interoperabilidad y la comprobación de datos, Lanbide ha hecho un esfuerzo en la formación de su personal para que sea capaz de detectar posibles situaciones fraudulentas. Según los datos proporcionados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, los casos de fraude de en la RGI registrados en 2017 supusieron un 0,7% del total de ayudas concedidas, con 442 casos sobre un una cifra global de 60.405 perceptores.